EL FINANCIERO
Ciudad De México.- La Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la destitución y
consignación penal de todos los integrantes de los ayuntamientos de
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla y Coacalco de Berriozabal, Estado de
México.
Y es que consideró que en ambos casos se incurrió en el delito de desacato a una orden judicial por lo que cada uno de los destituidos podría ser sentenciado hasta con 10 años de prisión.
En el primer caso, al resolver el incidente de inejecución de sentencia, derivado del incidente de cumplimiento sustituto 2/2016, el pleno determinó que los integrantes del cabildo del ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, incurrieron en desacato.
Y es que, pese a que notificaron el cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo 593/2015 dictada por un juez de Distrito en Puebla, los ministros consideraron que no fue suficiente para considerar que estaba cumplida a cabalidad la sentencia relacionada con un tema laboral.
Por ello, ordenaron separar del encargo y consignar ante el juez a todos los integrantes del cabildo, encabezados por el presidente municipal Pablo Pérez Maceda.
En otro caso, el pleno de ministros resolvió separar del encargo a los actuales integrantes del ayuntamiento de Coacalco de Berriozabal, Estado de México; también dijo que deberán ser consignados, al igual que los anteriores integrantes del cabildo.
Lo anterior al resolver el incidente de inejecución de la sentencia 1882/2013, dictada el 3 de abril de 2013 por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, dentro del juicio de amparo 257/2012.
Dicho juicio lo inicio un ciudadano de nombre Julián Domínguez Zamudio en contra del citado municipio al que ganó, pero este no cumplió con la sentencia dictada en su comento.
A propuesta de la Norma Lucía Piña, los ministros estimaron que todos los integrantes de ese ayuntamiento, encabezados por el presidente municipal priista Erwin Javier Castelán Enríquez y el de su antecesor David Sánchez Isidro.
Apenas el lunes, los ministros ordenaron la destitución y consignación de todos los integrantes del ayuntamiento de Paraíso, Tabasco y la consignación de los integrantes del ayuntamiento que precedió.
Lo anterior por desacato a una orden judicial que ordenaban la reinstalación y pago de salarios caídos a 23 empleados injustamente despedidos. El ayuntamiento solo pagó 1.8 millones de más de 95 millones a que estaba obligado.
Y es que consideró que en ambos casos se incurrió en el delito de desacato a una orden judicial por lo que cada uno de los destituidos podría ser sentenciado hasta con 10 años de prisión.
En el primer caso, al resolver el incidente de inejecución de sentencia, derivado del incidente de cumplimiento sustituto 2/2016, el pleno determinó que los integrantes del cabildo del ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, incurrieron en desacato.
Y es que, pese a que notificaron el cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo 593/2015 dictada por un juez de Distrito en Puebla, los ministros consideraron que no fue suficiente para considerar que estaba cumplida a cabalidad la sentencia relacionada con un tema laboral.
Por ello, ordenaron separar del encargo y consignar ante el juez a todos los integrantes del cabildo, encabezados por el presidente municipal Pablo Pérez Maceda.
En otro caso, el pleno de ministros resolvió separar del encargo a los actuales integrantes del ayuntamiento de Coacalco de Berriozabal, Estado de México; también dijo que deberán ser consignados, al igual que los anteriores integrantes del cabildo.
Lo anterior al resolver el incidente de inejecución de la sentencia 1882/2013, dictada el 3 de abril de 2013 por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, dentro del juicio de amparo 257/2012.
Dicho juicio lo inicio un ciudadano de nombre Julián Domínguez Zamudio en contra del citado municipio al que ganó, pero este no cumplió con la sentencia dictada en su comento.
A propuesta de la Norma Lucía Piña, los ministros estimaron que todos los integrantes de ese ayuntamiento, encabezados por el presidente municipal priista Erwin Javier Castelán Enríquez y el de su antecesor David Sánchez Isidro.
Apenas el lunes, los ministros ordenaron la destitución y consignación de todos los integrantes del ayuntamiento de Paraíso, Tabasco y la consignación de los integrantes del ayuntamiento que precedió.
Lo anterior por desacato a una orden judicial que ordenaban la reinstalación y pago de salarios caídos a 23 empleados injustamente despedidos. El ayuntamiento solo pagó 1.8 millones de más de 95 millones a que estaba obligado.
