El precandidato del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de la República, José
Antonio Meade, anunció hoy en Cancún que próximamente presentará una iniciativa
de reforma para confiscar dinero, propiedades y bienes obtenidos ilícitamente
por funcionarios “corruptos” y criminales.
La iniciativa, que espera
sea presentada al Congreso de la Unión por los partidos Verde y Nueva Alianza
que integran junto con el PRI la alianza “Todos por México”, abarcaría todos
los activos registrados a nombre de “corruptos” y delincuentes, también de
aquellos que no lo estén pero en los que se presuma son propietarios y aparecen
a registrados por prestanombres.
“Es una iniciativa de
reforma para que los corruptos y los delincuentes no solamente paguen su pena,
sino que a través de mecanismos ágiles y eficaces regresen el dinero y los
bienes que obtuvieron ilícitamente.
Es un nuevo modelo para
recuperar todos los activos de los corruptos y los criminales”, sostuvo. El
anuncio del precandidato, hecho en el asta bandera de la zona hotelera de
Cancún, ocurre justo en la tierra del exgobernador Roberto Borge, procesado y
en prisión preventiva por su probable responsabilidad en la compra venta de
terrenos a precios subvaluados, a través de prestanombres, para beneficiar a
familiares, amigos, empresarios y políticos cercanos a su círculo de poder.
Meade Kuribreña dio su
discurso lejos de los alcaldes, exalcaldes, legisladores y exlegisladores
locales o federales; apartado de personajes relevantes para el PRI local y de
las figuras más controvertidas y polémicas del Instituto político, quienes lo esperaban
en un hotel de la ciudad junto con la militancia.
En la zona turística, Meade
apareció sólo acompañado por el dirigente estatal del PRI, Raymundo King; el
integrante del consejo político nacional del tricolor, Joaquín Hendricks; el
exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade y varios jóvenes.
Al lugar llegó Pedro Joaquín
Delbois, hijo del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwel, quien busca
disputar la presidencia municipal a la panista, Perla Tun. Ante ese reducido
grupo, Meade amplió detalles sobre la iniciativa a proponer, que incluye cárcel
con pena máxima ampliada a funcionarios que incurran en actos de corrupción y
una certificación patrimonial obligatoria a los funcionarios, que acredite la
consistencia lógica entre sus cargos, sus ingresos y la evolución de sus
fortunas.
“En conjunto, todo esto implica
que las personas acusadas de un acto de corrupción tendrán la obligación de
demostrar que su patrimonio es lícito y, en caso contrario, se le confiscarán
los bienes de inmediato. Quien no pueda explicar el origen de sus bienes, los
perderá en beneficio de las obligaciones del Estado; para ello se facultará a
fiscales especializados en el combate a la corrupción para ejercer la extensión
de dominio de manera ágil, equilibrada y justa”, detalló.
Insistió que con esa
herramienta se recuperarán también bienes de cualquier otro delito, ya sea
narcotráfico o lavado de dinero. En torno a la cárcel con pena máxima ampliada,
añadió que incluye la inhabilitación del servicio público al igual que el
impedimento para participar en procesos de contratación.
Con información de El
Universal.
