XALAPA, Ver.-
La tarde y noche del 10 de septiembre de 2015, el teléfono móvil del vocero de
la Fiscalía General del Estado, (FGE), Omar Zúñiga Adán, y del propio fiscal,
Luis Ángel Bravo, no paraban de sonar, luego de que reporteros habían sido
alertados por pescadores y agricultores del municipio de Alvarado sobre el
hallazgo de una nueva y enorme narcofosa en un islote de la localidad de Los
Almendros.
De tanto insistir, Zúñiga
Adán fue el único que contestó de forma escueta el teléfono, ya sobre la noche
del día 10: “Se recibió la alerta, hay diligencias, pero hasta ahora sólo han
encontrado caca de vaca (sic)”, soltó el vocero de la Fiscalía.
Un día después, el 11 de
septiembre, familiares de los Colectivos de Desaparecidos se apersonaron en el
Servicio Médico Forense de Boca del Río y otros en Cosamaloapan, lugares donde
podrían ser llevados los cuerpos, en caso de hallarlos, y de que la Fiscalía
–aún con el priista Javier Duarte como gobernador– los admitiera.
A regañadientes, la noche
del día 11 Luis Ángel Bravo admitiría el hallazgo de nueve cuerpos en avanzado
estado de descomposición, y para lo cual –presumió– personal de la Dirección de
Servicios Periciales trabajaría a marchas forzadas en su identificación, y ya
en la interlocución con reporteros lanzaría reproches a la prensa.
“Hay medios que se anticipan
a la postura oficial del gobierno. Un comentario sesgado o chismes relacionados
con el hallazgo de cuerpos trastocan fibras sensibles.
“Hay comunicadores que meten
clavos para sacar alcayatas. Los entiendo, es su trabajo, pero lo que importa
para la Fiscalía es saber qué pasó con ese ser humano que perdió la vida de una
forma notablemente violenta”, fustigó.
Ahora, 26 meses después, la
Fiscalía General del Estado (FGE), vía solicitud de transparencia 01597217 y
01597317, confirma que en una zona de manglares, en un islote en la localidad
de Los Almendros, fueron extraídos 38 cuerpos humanos, enterrados en tres fosas
distintas, justo el mismo día en que el vocero de la Fiscalía, Omar Zúñiga,
explicó a periodistas que únicamente habían encontrado estiércol de ganado.
“Desenterrados, 553 cadáveres”
“Desenterrados, 553 cadáveres”
Estas solicitudes de
transparencia fueron resueltas en el oficio 2162/2017, que la Dirección de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos respondió al
periódico digital Blog Expediente, a solicitud del reportero Ignacio Carvajal,
y quienes comparten con Apro que el actual gobierno de Miguel Ángel
Yunes Linares y la nueva administración de la FGE tienen un registro puntual
acerca de que en las fosas clandestinas de Veracruz han sido desenterrados 553
cadáveres y recuperado un número indeterminado de miles de restos óseos.
De los funcionarios que
entones mintieron y ocultaron un tema tan sensible en Veracruz, hoy vive en
total impunidad Omar Zúñiga, exdirector de Diario de Xalapa (OEM) y exdirector
de El Heraldo de Xalapa (rotativo propiedad de familiares de Karime Macías),
cercano a Javier Duarte y quien lo colocó en la vocería de la Fiscalía.
A la fecha Zúñiga Adán se
presenta como un próspero empresario restaurantero en la capital del estado,
con dos sucursales del “Jarocho Style”.
Luis Ángel Bravo,
expresidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y
extitular de la FGE, hoy se dedica a atender su despacho de abogados en su
natal Córdoba.
Anteriormente, en un
cuestionario que contestó a Apro, el fiscal general Jorge Winckler Ortiz
había revelado que, en el sexenio de Duarte de Ochoa, se habían encontrado
fosas en uno de cada cinco municipios de Veracruz y en donde había más de 300
cuerpos sin identificar.
“La administración anterior
fue negligente y desordenada en el ámbito de hallazgos de restos no
identificados. Al no ser procesados correctamente, sin obtener los perfiles
genéticos tanto de los restos como de familiares de personas desaparecidas,
cientos de cuerpos fueron enviados a la fosa común sin ser identificados”,
reveló.
Además, Winckler sostuvo que
“el proceso de inhumación en fosas comunes tampoco era ordenado, lo que genera
incertidumbre sobre el número real de cuerpos enviados a éstas”.
Hoy en el oficio 2162/2017,
en una tabla ya desglosada, se da cuenta, en forma escueta, de otras fosas
clandestinas que fueron ocultadas por el gobierno de Duarte, como las 27
halladas en el rancho “El Renacimiento”, en la zona norte de la ciudad de
Veracruz, muy cerca de un conjunto habitacional conocido como “Casas Fantasmas”,
entierros ilegales hallados el 6 de septiembre de 2011.
En esas 27 fosas se hallaron
57 pedazos de restos humanos, aunque el documento de la FGE no precisa el
número de cuerpos encontrados y tampoco detalla si algunos de estos restos ya
fueron entregados a sus familiares o ni siquiera fueron reclamados.
“De noche también los
exhumaron”.
A través de solicitudes de
transparencia a la PGR y Secretaría de Marina, Proceso en su edición
2036 ya había expuesto que el gobierno de Duarte y el federal del panista
Felipe Calderón mantuvieron en el anonimato el hallazgo de dos fosas
clandestinas en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, de cuyo interior
fuerzas federales extrajeron 28 cuerpos, de los cuales 17 eran hombres y cinco
mujeres, y del resto, por su estado de descomposición tan avanzado, la PGR ni
siquiera pudo obtener un perfil genético.
“En la oscuridad los
enterraron. De noche también los exhumaron”. Así relataron pobladores de las
comunidades de Portezuelo y Mata Loma el hallazgo de dichas fosas y de donde
las exhumaciones se realizaron la madrugada del 4 al 7 de noviembre de 2011.
Así, durante 48 meses el
gobierno mantuvo oculto el macabro hallazgo, hasta que se logró dar a conocer a
través de una solicitud de transparencia realizada por Proceso y que
quedó asentada en los oficios SJAI/DGAJ/11235 y SJAI/DGAJ/07650/2015 de la
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI) de la PGR.
En el documento, la Agencia
de Investigación Criminal (AIC), la Coordinación de Servicios Periciales y la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO) establecieron que las edades de los ejecutados y enterrados en las dos
fosas fluctúan entre 23 y 50 años.
Ya de forma reciente, en
marzo pasado, la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) convocaron a
rueda de prensa para dar a conocer del hallazgo de 47 cráneos y cientos de
restos humanos, repartidos en ocho fosas, en la comunidad de “El Arbolillo”,
precisamente en Alvarado.
En el informe oficial
actualizado (oficio 2162/2017), se da a conocer otra exhumación oculta por el
gobierno de Duarte en un lugar conocido como La Bodega, en Alto Lucero, en
donde se localizó el 3 de abril de 2013 una fosa clandestina de la cual se
rescataron 25 restos humanos.
El informe obtenido vía
transparencia también detalla que en el primer año de gobierno de Yunes se han
logrado hallar 22 fosas con al menos 67 víctimas.
El resto del documento
contiene un resumen estadístico de las fosas ya conocidas, como la de Colinas
de Santa Fe, ubicada en el traspatio del recinto portuario de Veracruz, donde a
la fecha el Colectivo Solecito, con ayuda de fuerzas federales y de peritos de
la FGE, ha logrado extraer casi 300 cráneos y más de 17 mil restos óseos.
En este mismo punto, madres
del colectivo han exigido al gobierno de Yunes y al fiscal Jorge Winckler Ortiz
continuar con las excavaciones hacia los predios que colindan con la laguna de
San Julián, e incluso hacer un dragado, pues existen sospechas de que algunos
cuerpos podrían haber sido “cocinados” en los alrededores, para después ser
vertidos en el cuerpo de agua, por lo que con el dragado y estudios de
laboratorio de moción orgánica se podrían despejar las dudas sobre si en esa
zona también desaparecieron cuerpos en el sexenio de Duarte.
Actualmente, Duarte de Ochoa
se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, con prisión
preventiva de dos años, en espera de que su juicio se reanude a principios de
2018.
El extitular de la SSP,
Arturo Bermúdez Zurita –bautizado como “Capitán Tormenta” al interior de la
corporación— se encuentra recluido en el penal de Pacho Viejo con prisión
preventiva de año y medio, acusado de tráfico de influencias, abuso de
autoridad y enriquecimiento ilícito, pues durante el sexenio de su jefe, Javier
Duarte, adquirió propiedades con valor de 88 millones de pesos, siendo que en
todo el sexenio sus prestaciones salariales no rebasaron los ocho millones.
Aunque Bermúdez Zurita ha
sido denunciado por “desaparición forzada” y por complicidad en el caso de
“levantones”, ni la Fiscalía General del Estado ni la PGR han querido indagar
en este caso.
