La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad en
contra de los congresos de Quintana Roo y Veracruz, para evitar la violación de
los principios del Sistema Nacional Anticorrupción con reformas que aprobaron
recientemente, y que la oposición ha denominado como “blindaje” para
los gobernadores salientes, Roberto Borge y Javier Duarte, por los
señalamientos de presunta corrupción.
Tras el anuncio de las acciones de inconstitucionalidad, ordenadas
por el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador de Veracruz dijo estar
de acuerdo, por lo que declinó la terna de magistrados anticorrupción que había
propuesto. “No enviaré ninguna otra propuesta”, expresó Duarte en Twitter.
En otro mensaje, exhortó a la Comisión de Procuración de Justicia del
Congreso de Veracruz a que declarara desierta la convocatoria para
nombrar el Fiscal Anticorrupción.
El vocero del gobierno mexicano, Eduardo Sánchez,
dijo en una conferencia de prensa para explicar las acciones de
inconstitucionalidad que no hay cabida “para legislaciones locales a modo”, y que
ninguna institución o servidor público puede estar al margen de la ley.
“En la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones”, dijo Sánchez.
En la conferencia, en la que también participó Salvador Sandoval Silva,
subprocurador Jurídico y de Asuntos Jurídicos, se mencionó que los gobernadores
de Veracruz y Quintana Roo no pueden hacer nombramientos de
funcionarios en materia anticorrupción, de contralores, magistrados o
fiscales, porque de ese modo se generaría “inseguridad jurídica”, acciones
contrarias al funcionamiento adecuado del Sistema Nacional Anticorrupción.
La reforma constitucional que creó el Sistema en mayo de 2015, dijo
Sandoval Silva, previó dos cuestiones fundamentales: “Primero: que los Estados
deben esperar a la expedición de las leyes generales a efecto de que sus
sistemas locales anticorrupción se ajusten al Sistema Nacional. Segundo:
que hasta que eso ocurra, las leyes de responsabilidad administrativa y de
fiscalización de las entidades federativas, continuarán en vigor”.
A pesar de lo establecido, apuntó Sandoval Silva, “los Congresos de los
Estados de Veracruz y Quintana Roo, han aprobado diversas reformas y realizado diversos
actos que no son acordes al sentido y fin de la reforma constitucional del 27
de mayo de 2015, que tuvo como objetivo concretar un sistema de mecanismos que
permitan frenar el abuso del poder, no propiciarlo”.
Ante ello, dijo, es que se promovió la acción de inconstitucionalidad,
para que la SCJN analice las reformas aprobadas por los congresos
locales, y “advierta que las entidades federativas mencionadas,
carecen de facultades para crear sus Sistemas Locales Anticorrupción sin que se
hayan publicado las leyes generales correspondientes y, lo que es más, que se
advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias”.
Horas más tarde, el gobernador saliente de Quintana Roo, Roberto
Borge, negó a través de Twitter haber promovido “la creación de ningún sistema
anticorrupción”.
“Somos respetuosos del recurso promovido por la PGR y acataremos
cualquier decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, agregó en la
red social.
El vocero Sánchez mencionó que el presidente Peña Nieto habrá de
promulgar en los próximos días los decretos para la entrada en vigor del
Sistema Nacional Anticorrupción, con la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
TOMADO DE ANIMALPOLITICO.COM
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